Diario El País: «Sobre la paz y la justicia» Columna de opinión de Antonio de Roux

Fecha

lunes, abril 6 2015

Lugar

Fundación Alvaralice

Cierto es que las Farc no merecerían consideración alguna de parte de la sociedad colombiana. Durante años nos sumergieron en un baño de horrores y sangre, y su locura criminal dio lugar a esa explosión de tropelías salvajes que fue el para-militarismo. Pero hay un hecho cierto: esta guerra que sostenemos y que no podremos ganar, ya que se nutre de los recursos infinitos provenientes del narcotráfico, le quita a la nación veinticinco o treinta billones de pesos cada año.

Una suma indispensable para crear condiciones de desarrollo sostenido, mejorar la calidad de vida y reparar a las víctimas.

La consideración anterior tajante y pragmática, ajena a la condescendencia, es la que llevó al Presidente Santos a impulsar el proceso de paz que, en buena hora, se adelanta en La Habana.

Muchos colombianos creen que solo se hace justicia cuando el imputado se castiga mediante la privación de su libertad. Quienes piensan así tienen un concepto restrictivo, cuando no equivocado de la justicia. Y es que hacer justicia es mucho más, sobre todo cuando se trata de superar situaciones de violencia generalizada. Es aquí donde aparece el concepto de justicia transicional, el cual ha permitido superar conflictos en varios países.

La justicia penal común centra sus esfuerzos en el castigo. La justicia transicional en contraste, cumple un propósito múltiple. Sin eludir las sanciones busca sanar y restañar, permitir que el agresor pueda reconstruirse como sujeto útil a la sociedad. Por eso se empeña en establecer la «verdad verdadera», averiguar los móviles, los partícipes, y los impactos del delito sobre la vida colectiva. En segundo lugar la justicia transicional persigue la reparación integral de la víctima, tanto en lo relacionado con los daños materiales como en lo referido a las secuelas morales. De manera complementaria esta justicia exige garantías de que no se repetirán las conductas delictivas. Ahora bien, la justicia transicional no excluye los castigos privativos de la libertad, pero acepta que existen otras formas alternativas de sanción.

Si esta clase de justicia ambiciosa e integral, es eje del sistema punitivo con el que se pondrá fin al conflicto, resultan inaceptables las manifestaciones de quienes dicen que la paz es sinónimo de impunidad. En igual forma resultan incomprensibles actitudes como la del senador Álvaro Uribe quien parece haber convertido la paz en oportunidad para el proselitismo político, y anda por el mundo torpedeando la construcción de concordia entre los colombiano. Uribe no se ha percatado de que frases como la que pronunció recientemente: «ha concluido en México nuestra primera denuncia sobre la falsa paz de Santos», son un auto atentado, un bombazo contra ese reconocimiento que él mismo ganará como patriota y estadista.

La actitud mencionada contrasta con la de César Gaviria. El expresidente planteó la semana anterior que las ventajas de la justicia transicional no pueden circunscribirse a los guerrilleros. Deben alcanzar de manera diferenciada y considerando las circunstancias de cada caso a los civiles, empresarios, militares, funcionarios y políticos que pudieron haber delinquido en el marco de la confrontación. Esta propuesta debe considerarse seriamente porque busca aplicar en estas materias el principio de igualdad consagrado en nuestra Carta.

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